En una sociedad
libre, democrática y moderna, tres de los pilares fundamentales en los que se
apoya el bienestar de sus ciudadanos son la Sanidad, la Educación, y las
pensiones de nuestros mayores. En los últimos tiempos, estos y otros pilares
del estado vienen siendo cuestionados repetidamente, cuando no mermados
directamente, como con los recortes que se nos anuncian de forma inminente.
Invocan los que defienden la necesidad de hacerlo que no es viable mantener la
situación actual, que por la crisis, es necesario acometer todo un proceso de
ajustes entre los que se incluyen: recortes en Educación, con disminución de
las plazas docentes, recortes en Sanidad, con la pretensión de promover el mal
llamado copago (en realidad repago), y recortes en las pensiones, con su
congelación y el aumento de la edad de jubilación, por mencionar solo los
recortes más notorios en los derechos conseguidos tras tantos años de lucha del
pueblo español.
· Nuestra Constitución establece que “compete a los
poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas
preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios” y la Ley General
de Sanidad que “el acceso a las prestaciones se realizará en condiciones
de igualdad efectiva”. Si los poderes públicos son los encargados de
velar por este derecho, ¿por qué se hace negocio con él privatizando servicios?
¿y cómo es compatible el acceso a la sanidad en condiciones de igualdad con el
copago o repago? ¿puede “copagar” lo mismo un desempleado, un parado, un deshauciado,
que el Sr. Valcárcel?
· Nuestra Constitución también establece que todos
los españoles “tienen derecho a la educación en condiciones de igualdad”
y la Ley Orgánica de la Educación establece que los poderes públicos “se
regirán por el principio de equidad y pondrán los medios humanos y materiales
necesarios para conseguirlo”. Si como se pretende, los recortes
presupuestarios se extienden al ámbito educativo, con disminución de
profesorado y dotaciones, nuestro diferencial con el resto de Europa crecerá, y
también lo hará la desigualdad, pues los más pudientes accederán a mayores
niveles educativos a través de los centros privados, mejor dotados en medios y
profesorado.
· Nuestro ordenamiento jurídico también protege el
derecho de nuestros mayores a tener una pensión digna y suficiente para
satisfacer sus necesidades mínimas tras una vida de trabajo. Sin embargo, se pretende
también congelar las pensiones, con la consiguiente pérdida de poder
adquisitivo y empobrecimiento de los pensionistas. Paralelamente, se amplia la
edad de jubilación para extender la vida útil del trabajador y retrasar su
derecho a cobrar las prestaciones, con el impacto negativo adicional en el mercado
de trabajo, y el consiguiente perjuicio de los parados.
Todas estas actuaciones constituyen el más grave atentado a los
derechos y conquistas del pueblo español desde el inicio de la democracia, y
los ciudadanos no vamos a quedarnos impasibles ante este atropello a los
pilares más básicos del estado del bienestar, porque ningún Gobierno está
legimitado para incumplir la Constitución, sino todo lo contrario.
No es compatible introducir recortes en estos pilares con el
sostenimiento de los actuales niveles de gasto en apartados como defensa,
sueldos de diputados, senadores, ministros, consejeros, y un largo etcétera que
hace que este intento de recortar nuestros derechos sea aún más intolerable.
Y es por todo esto que exigimos:
- Detener cualquier proceso de privatización de
los sectores básicos para la ciudadanía, particularmente la Educación y la
Sanidad, por ser derechos inalienables, no sujetos a la búsqueda de
rentabilidad o de negocio.
- Derogar la Ley de Sanidad de 1997 que
permitió el inicio del proceso de privatizaciones que nos ha llevado a la
situación actual.
- Retirar los proyectos de copago/repago en
servicios básicos ya sufragados con nuestros impuestos, como la Sanidad, la Educación
o la Administración de Justicia.
- Incremenar el gasto público en Sanidad y
Educación hasta homologarnos al menos a la media europea.
- Detener la reforma constitucional que pone
límites al gasto público, debiendo realizar referéndum consultivo para
cualquier reforma de calado.
- Emplear los medios necesarios para
conseguir el pleno acceso a Internet de todos los ciudadanos del estado, como
elemento indispensable de acceso a la cultura, de participación ciudadana y de no
discriminación.
NO A LA PRIVATIZACION DE LA SANIDAD, DE
LA EDUCACION y DEL RESTO DE SERVICIOS PUBLICOS
NO A LOS RECORTES SOCIALES
