miércoles, 27 de junio de 2012

Algunas consecuencias del Real Decreto 16/2012


 


  Una compañera ha querido dar a conocer la situación en la que están muchos ciudadanos debido al Real Decreto 16/2012:
 
Mediante este Real Decreto se introducen medidas con el fin de "garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud" y quisiera comentar, en concreto, tres de estas medidas: las referidas a los pensionistas; y las referidas a los mayores de 26 años que nunca han cotizado y siguen en la cartilla de la seguridad social de uno de sus progenitores y, finalmente, medicamentos que dejan de ser financiados por la Seguridad Social.

En lo referente a los pensionistas, se ha divulgado que deben pagar el 10% del precio total de los medicamentos con un límite de 8 o 18€ dependiendo de la renta que tengan. Esto, en principio y debate a parte, parece económicamente afrontable ya que los que menos tienen pagarían como mucho 96€ al año y el resto 216€. El problema que veo, y que no he escuchado en los medios de comunicación, es que en la farmacia deben abonar el 10% de todo, sin límites, y luego el estado se compromete a devolver la diferencia “con una periodicidad máxima semestral” (página 20 del RD).  Es decir, el Estado retiene esa diferencia que no le corresponde durante 6 meses y luego te la abona sin intereses, claro está. Trabajo en una farmacia y conozco el valor de las recetas que se llevan los pensionistas. Es normal ver que se llevan 1000 o 2000€ en medicamentos. En estos casos, tendrían que pagar 100 ó 200€ respectivamente cada mes, sea cual sea su renta, a la farmacia y en un plazo de cómo mucho 6 meses el Estado le abonará lo que ha pagado de más. Eso ya no son los 8€ de los que se habla en la prensa.

En lo referente a los mayores de 26 años que no han cotizado nunca, dejan de estar asegurados pues salen de la cartilla de su progenitor y, según el Real Decreto, “deben obtener la prestación de asistencia sanitaria mediante el pago de la correspondiente contra-prestación o cuota derivada de la suscripción de un convenio especial” (pagina 7-8). El principal problema de esto es que no se ha informado, y la gente afectada no sabe que tiene que hacer dicho trámite. Un familiar mío está en esta situación y en la tesorería le informaron de que tiene hasta agosto de este año para presentar los papeles y no quedarse sin la prestación. En cuanto a la cuota, es gratuita por no tener ingresos, y en ese caso no pagaría ninguna aportación por las recetas.
Habrá casos en los que esa persona necesite que le den los tratamientos gratuitos pero parece injusto que pensionistas con rentas muy bajas deban pagar en la farmacia el 10% integro de sus tratamientos (que suelen ser de mayor cuantía que las personas de menor edad) mientras que los hijos que no han entrado al mercado laboral y que viven con sus padres, los cuales probablemente tengan rentas mayores que el pensionista al que me refiero, no paguen por ninguna receta.

Respecto al tercer punto, quisiera remitirme al nuevo artículo 85, el cual explica los motivos por los que un medicamento puede ser excluido de la prestación farmacéutica. Entre los motivos están: “la convivencia con un medicamento sin receta con la que comparte principio activo y dosis”; si están “indicados en síntomas menores”; si el “principio activo cuenta con un perfil de seguridad y eficacia favorable y suficientemente documentado a través de los años de experiencia y un uso extenso” (página 14). Según los dos motivos primeros, fármacos habituales en los tratamientos como protectores de estómago y analgésicos podrían salir de la prestación sanitaria pero lo que me preocupa es el tercer punto, según el cual diría que se excluyen la mayoría de tratamientos de coste menor quedándose dentro los que tienen patentes y tienen un precio mayor por este motivo. Creo que esto haría que se recetasen estos últimos en vez de los primeros y elevaría el coste medio por receta que paga actualmente la Seguridad Social. Además, los medicamentos que se excluyen de la prestación suben de precio, por lo que los ciudadanos tendrían que pagar un precio mayor que el que pagan actualmente por sus tratamientos.

Imaginen la situación del pensionista que cobra 400€ y necesita 2000€ de medicamentos mensualmente. En el mejor de los casos pagará 200€ de aportación, pero seguro que habrá  medicamentos que ya no sean financiados y que su precio se vea aumentado, por lo que el importe que le deba pagar a la farmacia será mucho mayor.