Democracia Real Ya Cartagena se opone a la reforma de nuestra Constitución sin el respaldo de un referéndum popular. Según el artículo 92 de la Constitución española: “Las decisiones políticas de especial transcendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”. Los partidos políticos mayoritarios, en una decisión sin precedentes, y cuando su representatividad está, al final de la legislatura, muy mermada ante los ciudadanos, intentan modificar la Constitución en puntos vitales que afectan a la financiación del estado.
El artículo 135 de la Consitución española dice que: “El Gobierno habrá de estar autorizado por ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito” y la Ley de Estabilidad Presupuestaria que lo desarrolla establece en su artículo 6 que “Las políticas de gastos públicos deben establecerse teniendo en cuenta la situación económica y el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria”.
Por tanto, nuestro ordenamiento jurídico ya contempla como debe financiarse el estado, y tras esta reforma constitucional solo se esconde la intención de limitar la capacidad de futuros gobiernos, y por lo tanto de secuestrar la voluntad popular y la soberanía nacional.
Si se fija constitucionalmente el techo de endeudamiento en el 0,4% del Producto Interior Bruto del país como se pretende ahora, estas serían las consecuencias:
- Se limita la capacidad de financiación del estado, y con ella la obtención de los necesarios recursos en tiempos de crisis para atender los gastos sociales: pensiones, sanidad, educación, etc. absolutamente irrenunciables, porque las personas no son mercancías sujetas a balances contables.
- Forzar el equilibrio fiscal del estado como primera prioridad implica perder soberanía, pues sea cual sea el signo del gobierno, primará el pago de los intereses y la deuda sobre los gastos sociales.
- Cuando una empresa quiebra, se prioriza el pago de salarios y luego se negocia la deuda con proveedores, para proteger a la parte más débil. Pero con esta reforma, el estado paga primero a los proveedores y a los bancos a quien debe y si sobra se atienden los gastos sociales y las necesidades de los ciudadanos.
- La nula efectividad de las medidas que hasta el momento han tomado los poderes políticos para frenar la crisis, que sólo han conseguido empobrecer aún más a las clases más desfavorecidas y su inacción ante los ataques especulativos financieros pueden llegar a provocar incluso la quiebra del estado. En esta caso, los mismos bancos que se han lucrado durante años con el pago de los intereses que nos han empobrecido podrán tener garantizado el pago de la deuda, que se convierte en el objetivo primordial.
Democracia Real Ya se opone y opondrá frontalmente a la reforma constitucional propuesta por PP y PSOE, ya que supone un golpe de estado encubierto que dejaría indefenso al país en manos de los poderes financieros internacionales y que tendría como consecuencia el desmantelamiento de las garantías sociales que son la base de nuestra actual Constitución, y pide:
- Detener de inmediato el proceso de reforma emprendido, y convocar referéndum consultivo para cualquier modificación constitucional relevante.
- Considerar el período que queda hasta las elecciones del 20-N, como un periodo de reflexión política.
- Promover la Reforma de la ley Electoral, aplazando el resto de iniciativas legislativas.
NO SOMOS MERCANCÍA EN MANOS DE POLÍTICOS Y BANQUEROS
POR UNA SOCIEDAD DIGNA Y SOLIDARIA
POR UNA DEMOCRACIA REAL YA
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